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El 24 de mayo de 2008 indígenas fueron vejados, humillados y ofendidos en una acción que actualizó el racismo como práctica de sometimiento y escarnio público a una conjunto de cuerpos. Despojados de toda subjetividad, solo quedan cuerpos con vestidos, marcas de identidad cultural, quemadas luego en la plaza 25 de mayo de Sucre.
La comisión de fiscales solo inicio proceso a 18 personas; luego de 7 años y 9 meses, el caso racismo se instaló en Padilla. De todos los imputados, fueron condenados por asociación delictiva Jaime Barrón, presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca; Jhon Cava, ex presidente de Comité Cívico; Savina Cuellar, ex prefecta de Chuquisaca, que asumió el cargo después de los hechos del 24 de mayo de 2008; Fidel Herrera, ex presidente del Concejo Municipal de Sucre; Aydeé Nava, ex alcaldesa de Sucre; Epifanía Terrazas y Yamil Pilco, dirigentes universitarios; Alvaro Ríos y Antonio Jesús, ex ejecutivos de la Federación Universitaria Local. Estos últimos insistieron en declararse víctimas políticas.
El fiscal general de Chuquisaca, Roberto Ramírez, señaló que se hizo justicia en este caso que consternó al país y al mundo. Se ha sentado un precedente para que hechos como los ocurridos el 24 de mayo de 2008, no vuelvan a ocurrir.
Una cronología de los acontecimientos (puede verse aquí) identifica el origen de los hechos de 2008 el 22 de mayo de ese año.
Para el análisis e interpretaciones de los hechos ocurridos, estos pueden ser rastreados hasta nuestro presente. El pasado 4 de enero de 2020, la presidenta transitoria Jeanine Áñez se refirió a «la infundada acusación de racismo que en mi criterio ha provocado una de las mayores injusticias con los ciudadanos (…). Permítanme solidarizarme y ver las posibilidades de que ustedes puedan reencauzar sus derechos ciudadanos.»
Para Áñez, la acusación contra Sucre se basó en la manipulación y en la tergiversación de los hechos que tenían como objetivo alentar una falsa división, así como un enfrentamiento entre todos los bolivianos. Además se trata de un juicio impulsado por el Gobierno de Evo Morales, infundado, manipulado y tergiversado para alentar la división y los enfrentamientos. Junto a Áñez, el mismo 4 de enero, compareció la exalcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, condenada a seis años en el juicio. Áñez pidió evitar el retorno de los «salvajes» al poder en Bolivia. Anunció que los acusados tendrán la oportunidad de reencauzar sus derechos ciudadanos. «Qué mayor homenaje a esas víctimas de esos atropellos que estar reunidos en la Casa de la Libertad, celebrando que hoy todos los bolivianos estamos gozando libertad.»
Las investigaciones
Para un análisis de lo ocurrido pueden consultarse La verdadera cara del racismo contra campesinos en Sucre, de Luis Camilo Romero; también puede consultarse la investigación “Los hechos sociales del 24 de mayo de 2008 en Sucre-Bolivia”, de Carlos Delgadillo, Leda Vaca, Fernando Iglesias , Marisa García y Jheimy Marás. Este último es un informe de una investigación cuyo objetivo fue el de establecer qué tipo de conflicto social se suscitó el 24 de mayo de 2008 en Sucre, y si el mismo es fruto de una práctica política violenta. Para esto, se realizaron entrevistas, encuestas y revisión bibliográfica. Una de las conclusiones del informe revela:
«Si bien el 70% de los encuestados considera que los sucesos del 24 de mayo son un hecho social fruto de racismo, este dato es solo relativo no así absoluto, ya que el mismo responde a la manipulación política del Estado boliviano, le resulta sencillo y cómodo al Estado boliviano caracterizarlo como racismo, ya que la indagación nos llevó a determinar que el Estado boliviano tiene una práctica política violenta fruto de la poca vocación democrática de su sociedad civil, claro está que no podemos quedarnos con solo racismo sino más bien con el Estado boliviano como el principal generador de estas anomias. La insatisfacción social por el sistema político es clara, la falta de vinculación entre el Estado boliviano y la sociedad civil no es una conexión democrática, ni de respeto a los derechos humanos, es un camino de una práctica política violenta.
«La población es clara al deslindar responsabilidades en el comité interinstitucional, sobre los hechos del 24 de mayo, cree que existe manipulación política sobre el concepto de racismo.
«En la entrevista al activista de derechos humanos encontramos un indicio interesante, el menciona que los que filmaron el bochornoso video de Cesar Brie, eran un equipo y que el mismo tenía varias cámaras filmadoras, ¿cámaras filmadoras en un enfrentamiento? Que predisposición a la noticia, o en todo caso a la generación de la misma, y al montaje burdo del hecho social, no planteamos que no existan violaciones a derechos humanos, claro que los hubo, pero los mismos no son racismo, claro que las conductas de los agresores de ambos bandos, si se realiza un análisis serio jurídico se encontrarían responsables.»
Para leer todo el informe, haga click aquí.
Los medios de comunicación
Sobre el rol de los medios, en su tesis “El caso 24 de mayo en Sucre: Historización del racismo en Bolivia y el lugar de los medios de comunicación”, Juan Debreczeni sostiene:
“Si de responsabilidad hay que hablar, no se puede dejar de mencionar que desde la jornada anterior, el 23 de mayo, los medios privados, unos más que otros, promovieron la tensión en la esfera pública y en una dinámica promotora de oposición a la llegada de Morales a Sucre, parecían preparar el escenario para ‘soltar los perros’. Sobre la actuación de las radios y la televisión, el informe del Defensor del Pueblo recuerda que días previos estuvieron haciendo alusión a los sucesos de noviembre de 2007, durante la crisis de la capitalidad y sus víctimas. Además los canales de televisión, sobre todo el mismo 24 de mayo, pasaron imágenes de los enfrentamientos de 2007 y el saldo de tres muertos.
«Pero adicionalmente se registraron extremos que podrían calificarse como un claro ejercicio de violencia simbólica por parte de los propios medios; cito como ejemplo el pie de foto de la primera plana de El Deber, con la imagen de los indígenas arrodillados: ‘Derrotados. Campesinos y militantes del MAS fueronobligados a pedir perdón por llegar a Sucre a tomar las calles y les quemaronsus ponchos rojos.’ Esto más bien parece hacer una apología del racismo al hacer ver que los indígenas fueron “derrotados”, cual si hubieran enfrentado una “batalla en igualdad de condiciones”.
«Asimismo los medios, a través de sus discursos, reforzaron esa supuesta frontera o división radical entre campesinos y ciudadanos, quitándole justamente así a los primeramente nombrados la categoría de “ciudadanos” al hacer referencia a ellos, basándose en una descalificación no justificada de su procedencia y su ocupación laboral. En ese sentido, es interesante constatar que hechos como el 24 de mayo y sus antecedentes en otros, como los del 11 de enero de 2007 en Cochabamba, con grupos radicales de la oligarquía defendiendo su territorio de los campesinos invasores, vigorizan la división entre centro/periferia, urbano/rural. “Lo que más llama la atención es aquel discurso en que la ciudad haya sido nuevamente redefinida como de los ciudadanos, y el campo para los campesinos o los indios”, imaginario que fue reposicionado por el discurso mediático.»
Para continuar leyendo este trabajo, haga click aquí.
La ley
Algunos elementos jurídicos en relación al caso del 24 de mayo de 2008 pueden consultarse aquí.
Sobre el proceso y la sentencia a “los responsables”, consulte una nota del periódico Opinión de Cochabamba aquí , o una nota de la agencia Xinhua aquí. La sentencia puede verse en detalle en este enlace.
El 10 de octubre de 2010 se promulgó la ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación.
Mary Carmen Molina
Claudio Sanchez Castro
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